Curiosidades

CIDH otorga medidas cautelares para Gustavo Petro

El 18 de marzo de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Gustavo Francisco Petro Urrego, Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá D.C., Colombia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en la madrugada del miércoles medidas cautelares para proteger al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y pidió al gobierno de Colombia que “suspenda inmediatamente” el proceso de su destitución.

En una declaración de 11 páginas, la CIDH apuntó que era necesario “garantizar el ejercicio de los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, y (que) pueda cumplir con el período para el cual fue elegido como alcalde de la ciudad de Bogotá”.

El martes una corte colombiana había revocado 14 medidas de protección en favor de Petro y ratificado la destitución del alcalde, decidida en diciembre por un tribunal local. Con ello, la aplicación de la decisión judicial quedó en manos del presidente, Juan Manuel Santos.

¿El escenario final?

A continuación corresponde al Estado colombiano acatar el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cumplimiento con lo estipulado en los tratados de la Convención Americana. De lo contrario, podría verse comprometida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar sus compromisos internacionales.

Un ejemplo podría ser el de la Convención Americana de los Derechos Humanos que, según Semana, sufriría una violación si se ejecuta, pues esta estipula que “los derechos políticos solo pueden suspenderse mediante decisiones de ‘juez competente, en proceso penal'”, y no por una decisión disciplinaria de un ente de control administrativo.

Para El Tiempo, la perspectiva es clara: el Presidente será quien decida si acatar la determinación, como ha sido la costumbre en Colombia, o ejecutar la sanción, como sugiere el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, considerando la medida cautelar como una mera ‘recomendación’.

El diario agrega que Santos podría pedir de nuevo un concepto al Consejo de Estado, con el que volvería a verse ante la disyuntiva de firmar la sanción o aceptar el concepto de la Comisión. En el primer caso, la CIDH acudiría a la CorteIDH para que efectúe un pronunciamiento obligatorio.

Fuente: Pulzo

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