Curiosidades

Se acabaron las cláusulas de permanencia de telefonía móvil

Aquella indeseable cláusula en los contratos de telefonía celular que lo ataba por un período mínimo de tiempo a un operador móvil (por lo general entre uno y dos años) a cambio de quedarse con el último teléfono inteligente a un precio cómodo, será a partir de julio un incómodo recuerdo.

¿La razón? El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) anunciará varias medidas para incentivar aún más la competencia en el sector de la telefonía móvil, y además permitirá a los almacenes de cadena, como Jumbo, Falabella o Éxito, vender equipos. Una decisión que va a fomentar la guerra de precios, pues hoy los únicos autorizados para venderlos son los operadores o los agentes autorizados por ellos.

Según una fuente cercana a la cartera, a los operadores se les otorgará un período de gracia entre hoy miércoles y el 1º de julio para que vendan sus actuales inventarios de teléfonos. Asimismo se espera que en ese lapso los almacenes de cadena ajusten las estrategias de mercadeo para ampliar su oferta en telecomunicaciones. De esta forma es posible la aparición en el mercado de nuevos modelos de venta, como Connect, que Falabella ha desplegado en Chile y consiste en una asesoría telefónica personalizada para que el cliente adquiera un equipo de acuerdo a sus necesidades.

Sin embargo, el anuncio no quiere decir que las cláusulas de permanencia vigentes se eliminarán de inmediato. “Continuarán funcionando como lo venían haciendo hasta la fecha que se había fijado”, aseguró la fuente. De antemano se espera una fiera discusión por parte de los operadores, pues habían concebido este elemento como una pieza clave de la penetración móvil que permitía la adquisición de teléfonos inteligentes o de gama media (con acceso a internet) a los estratos más bajos.

Cuando esta posibilidad se discutía en el Congreso, con miras a que se convirtiera en ley de la República, la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), que agrupa a los principales jugadores del sector, y la consultora Malagón Martínez revelaron un estudio según el cual, al realizar comparaciones con 37 referencias de equipos en el mercado, su valor aumentaba hasta 48% si se eliminaba el subsidio que acompañaba la cláusula de permanencia. Según cifras oficiales, a diciembre de 2014 el país contaba con 50,2 millones de suscriptores móviles.

Pero la apuesta del Ministerio TIC apunta a que la liberalización en la venta de teléfonos fomentará ofertas y mejores precios al consumidor. E incluso nuevas inversiones. “Imagínese a una marca de talla internacional, como la europea The Phone House, vendiendo en Colombia equipos con precios muy competitivos”, comentó la fuente, y agregó que esta determinación ha contado con el soporte técnico de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que desde el segundo trimestre del año pasado ha realizado varias consultas en el interior de la industria, consultado los casos de Chile y Corea del Sur, donde dicho esquema funciona, y realizado mediciones econométricas sobre el impacto de los precios.

De hecho, esa entidad también dejaría su huella en otro de los cambios al sector: el de los contratos. Tal como lo anticipó El Espectador el 17 de agosto de 2013, la CRC había expresado su malestar por la forma en la que estaban redactados. “Hay descripciones exhaustivas de la red, lo que dificulta que un usuario lo lea y lo entienda. Además están redactados en letra de tres milímetros de tamaño por menos de un milímetro”, expresó en su momento Pablo Felipe Márquez, director de la entidad.

En adelante, los contratos no sobrepasarían la extensión de una página y describirían de forma sencilla cuáles son los servicios que se contratarán, su cobertura, los indicadores de calidad, las obligaciones del usuario, el precio mensual a cobrar, los minutos (en caso de telefonía) que componen el plan, los cargos a cobrarse en caso de excederlos y los mecanismos para cancelar el vínculo.

Asimismo se espera que el Ministerio se refiera al proceso de reversión de infraestructura al Estado por parte de Claro y Movistar, los operadores líderes de la industria. Si bien es poco probable que se revelen las condiciones bajo las cuales debe realizarse (si deben compensar los bienes utilizados entre 1994 y 1998, como aseguran las compañías, o entre 1994 y 2004, según tesis de la Contraloría), sí se espera que se revelen las condiciones bajo las cuales ambas seguirán prestando el servicio.

De acuerdo con la fuente, además del pago de renovación se les impondrá la instalación de bloqueadores de señal en las cárceles, la consolidación de áreas gratuitas de internet wifi y de planes microzonales para mejorar la calidad de la señal. “Es posible que se les cobre alrededor de $4 billones por esta condición”, reveló.

Tomado de El Espectador

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